sábado, 25 mayo 2024
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Más presión de las tabacaleras de Santa Fe para intimidar a la Justicia y no pagar impuestos

Un inminente fallo judicial podría desatar una aberración jurídica e impositiva.

Hace tan solo unos días los jueces de la Cámara Federal de Rosario, José Toledo y Elida Vidal, otorgaron una polémica cautelar a la Tabacalera Bronway Technology S.A., para permitirles no pagar el impuesto mínimo al Tabaco, lo que supone un déficit para Estado de más de 23.000 millones de pesos (según estimaciones de AFIP). Atentando de esta forma contra las leyes dictadas por el Parlamento Argentino y que es efectivo para todo el resto de la Industria Tabacalera, quienes sí abonan los impuestos correspondientes.

La jueza de primera instancia, Silvia Aramberri, que había rechazado mediante sentencia esta medida cautelar, revocada por dichos jueces federales, decidió fijar y dictaminar una contracautela de 2000 millones de pesos a la empresa tabacalera Rosarina Bronway, tal y como establecen los principios de la ley, con el fin salvaguardar los posibles daños al Estado. La jueza Aramberri determina “una caución real que deberá efectivizarse bajo la modalidad de depósito judicial, embargo, aval bancario o seguro de caución” por dicho monto de 2 mil millones de pesos, lo que correspondería al 30% de los impuestos mínimos no pagados durante los últimos 4 meses, según las declaraciones juradas aportadas a la AFIP.

La Tabacalera Bronway ofreció una garantía de 10 millones de pesos, lo que supone para la jueza Aramberri y la AFIP una absurda desproporción contra el daño que se puede llegar a causar al Estado a tenor de la deuda multimillonaria y las consecuencias de permitir de forma aleatoria a Bronway y sus allegadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), con este tipo de cautelares para evadir y no pagar los impuestos reglamentarios para toda la Industria.

Desde la AFIP su equipo jurídico afirma que la contracautelar “es un todo congruente y guarda relación con el valor aproximado de los montos dinerarios que se encuentran en juego” y que es “solo el 30% de la diferencia entre las sumas autodeterminadas por Bronway, mediante declaraciones juradas”, correspondiente a los 4 últimos meses sobre el impuesto mínimo interno al Tabaco y omitido por la empresa rosarina.

Fuentes judiciales y de AFIP afirman que la contracautelar solicitada es más que razonable a tenor de los miles de millones adeudados por Bronway al no pagar el Impuesto mínimo y a tenor de las particularidades de dicha empresa y anteriores antecedentes.

La fuerte presión de las tabacaleras santafesinas ha derivado en una enorme preocupación dentro del mundo jurídico local de Santa Fe y sobre todo Rosario, al sentirse amedrentados en su independencia para impartir justicia e igualdad para toda la ciudadanía y critican la pasividad del Gobierno Provincial ante lo que consideran un claro ejemplo de intimidación a un poder independiente.

Las protestas de trabajadores y las amenazas de despidos de los últimos días pretendían presionar a la Justicia para que les permita no pagar los impuestos mínimos establecidos por ley, atentando así contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en mayo del año 2021 revocó una medida cautelar análoga a la solicitada por Bronway en Rosario y las empresas que integran Canet.

La presión tanto empresarial, de las compañías tabacaleras santafesinas, como de la política provincial sobre la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada por los jueces José Guillermo Toledo, Ricardo Vázquez y Fernando Lorenzo Barbará, para que desestimen la habitual y razonable solicitud de la jueza Aramberri, es de tal magnitud que hay ya quienes ponen en tela de juicio el estado de derecho e igualdad en Santa Fe.

En las próximas horas la Cámara Federal tendrá que dictaminar y se verá si la presión ejercida sobre la Justicia por estos lobbies, empresariales y políticos, surte efecto.

Hay también preocupación entre los productores tabacaleros del país, que alcanza a más de 100.000 trabajadores, directos e indirectos del país, ya que estas prácticas desleales de cautelares a determinadas empresas, integradas en CANET, podría significar una catarata de más cautelares y empresas fantasmas, para que ninguna pague el impuesto mínimo, lo que haría desaparecer la Industria de la producción nacional tabacalera.

Replicado del Cronista

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