La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones aprobó por unanimidad un proyecto de declaración institucional de alta densidad política, mediante el cual se reclama formalmente al Gobierno nacional la urgente aprobación y liberación de los recursos económicos correspondientes a los Planes Operativos Anuales (POA) del Fondo Especial del Tabaco (FET). Las partidas trabadas corresponden a los ejercicios y campañas productivas de los años 2025 y 2026, cuyos montos acumulados permanecen pendientes de autorización en los despachos gubernamentales de Buenos Aires, paralizando de forma directa diversos programas de asistencia técnica, social y económica destinados a las familias tabacaleras en las chacras.
La iniciativa legislativa fue impulsada en el recinto por el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, referente del Partido Agrario y Social (PAyS), quien cuestionó severamente las demoras administrativas del Ejecutivo nacional. El legislador advirtió que la vulnerabilidad de las unidades productivas se agravó drásticamente en los últimos días tras registrarse severas tormentas con caída de granizo en la región tabacalera, contingencias climáticas que provocaron pérdidas totales y parciales en plantaciones listas para cosechar y la destrucción de la infraestructura de curado en los establecimientos.
El reclamo institucional de la provincia está dirigido de manera particular al coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), Marcelo Horacio Reinoso, en su carácter de funcionario responsable de intervenir y firmar las autorizaciones de los expedientes. Según consta en los fundamentos del proyecto aprobado, entidades gremiales como la Cámara del Tabaco de Misiones, la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) presentaron la totalidad de los requisitos y documentación exigida en tiempo y forma, sin obtener a la fecha respuestas institucionales ni resoluciones formales.
La retención de las partidas presupuestarias afecta directamente programas de reconversión productiva, inversiones para el mejoramiento de infraestructura edilicia, la compra e importación de insumos agrícolas esenciales, becas de estudio para los hijos de los agricultores, el fortalecimiento de las estructuras mutuales y las prestaciones médico-asistenciales. En el recinto, Bárbaro expuso un dato alarmante: existen actualmente 1.500 techos de zinc y materiales de construcción destinados a galpones de curado cuyos fondos están depositados y disponibles, pero que no pueden entregarse a las familias damnificadas debido a la falta de la firma nacional en los planes.
La preocupación sectorial se extiende al plano de la salud familiar, dado que la no aprobación de las carpetas operativas de 2026 pone en serio riesgo la continuidad de las obras sociales y coberturas médicas de los colonos de la tierra y sus respectivos grupos familiares dependientes. Asimismo, las autoridades provinciales advierten sobre retrasos en los pagos por contingencias climáticas y alertan que el grueso del dinero del retorno podría liquidarse recién a mediados de enero de 2027, rompiendo con el esquema histórico de transferencias que se completaba durante el mes de diciembre de cada año.
Por último, el debate parlamentario expuso una marcada preocupación corporativa ante la caída nominal de la recaudación global del Fondo Especial del Tabaco a nivel nacional. La cúpula dirigencial vinculó de manera directa esta merma de recursos con presuntos incumplimientos y evasiones tributarias perpetradas por determinadas empresas cigarreras del sector industrial, situación que licúa los fondos coparticipables y limita la capacidad de respuesta financiera de las provincias tabacaleras del norte argentino. Los legisladores advirtieron que, de no mediar una solución inmediata tras las mesas de diálogo pautadas en Capital Federal, no se descarta la organización de una movilización masiva de productores hacia Buenos Aires.
