Con esta derogación, estos dispositivos se podrán comercializar formalmente en la Argentina. Cornejo aclaró que, si bien son una novedad para el mercado local, ya cuentan con un amplio recorrido internacional, comercializándose de manera regular en:

​Diferentes estados de la Comunidad Económica Europea.

​Japón.

​Canadá.

​Estados Unidos.

​El dirigente explicó el funcionamiento del producto para conocimiento del fumador: se trata de un dispositivo que se incorpora en la boca al que se le adicionan cartuchos que contienen tabaco. El aparato calienta el cartucho sin llegar a quemarlo.

​Respecto a su impacto en la salud, Cornejo enfatizó que estos productos sí poseen una externalidad negativa, pero que esta es menor a la del cigarrillo de combustión tradicional, debido a que no se genera nitrosamina. Para respaldar este argumento, citó la existencia de estudios científicos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) —organismo público de control equivalente a la ANMAT en Argentina— que determinan fehacientemente que el tabaco calentado es menos nocivo que el cigarrillo común. Esta evidencia científica fue la que evaluó y valoró el Ministerio de Salud de la Nación para levantar la prohibición.

​Antes de esta resolución, los productos ya se consumían en Argentina porque los ciudadanos los compraban al viajar al exterior, alimentando un mercado clandestino e ilegal. Al no estar regularizados, el Estado no percibía impuestos por ellos. Actualmente, las alícuotas de los impuestos respectivos para el tabaco calentado ya están grabadas por ley, pero el sector enfrenta un vacío legal con el Fondo Especial del Tabaco.

​La propuesta legislativa: Ampliar la base del FET (Modificación de la Ley de 1972)

​Cornejo explicó que el Fondo Especial del Tabaco no es un impuesto, por lo que requiere una reforma legislativa específica para poder gravar a las nuevas manufacturas.

​La Ley del FET fue sancionada en el año 1972. En aquella época, el hábito del fumador estaba limitado casi con exclusividad al cigarrillo de combustión. La normativa vigente, en su artículo 23, inciso A, estipula de forma taxativa que el fondo se integra económicamente de manera única con el 7% del precio de venta de los cigarrillos.

​Debido a que la modernidad introdujo nuevas manufacturas que hoy consume la comunidad, el dirigente confirmó que están trabajando con los legisladores nacionales para exigir una modificación parcial de la norma nacional. El objetivo es ampliar la base de productos gravados bajo el concepto FET, incluyendo a:

​Productos de tabaco calentado.

​Cigarrillos electrónicos.

​Vapeadores.

​Cigarrillos armados (elaborados con tabaco picado).

​Cigarros.

​Cigarritos.

​Habanos.

​Cornejo aclaró que esta petición no se podía realizar con anterioridad porque no correspondía exigir que se grave con el concepto FET un producto que el propio Estado mantenía prohibido. Al lograrse esta reforma, se incorporará una suma dineraria muy importante para el fondo.

​Diagnóstico económico del FET: Inflación, sobreproducción y el impacto del primer semestre

​El senador calificó la situación actual del Fondo Especial del Tabaco como «devaluada». Recordó que antes de la sanción de la Ley Bases en abril de 2024, el régimen impositivo no se respetaba debido a fallos judiciales (cautelares) que permitían que determinadas empresas —mencionando esencialmente a Tabacalera Sarandí y Cigarrera Espert— evitaran pagar el impuesto interno mínimo. A partir de esa fecha de 2024, el fondo empezó a recuperar participación frente a la inflación.

​A pesar de que en los últimos dos años el FET le ganó levemente al índice inflacionario, el productor tabacalero percibe ingresos muy bajos. Cornejo detalló minuciosamente las dos razones que explican este fenómeno:

​Aumento de la producción nacional: Los recursos del fondo nacional se distribuyen en base a los kilos producidos en todo el país. En las últimas dos campañas (incluyendo la que está finalizando), la producción de Argentina trepó drásticamente de 81 millones de kilos a 130 millones de kilos, traccionada principalmente por un fuerte incremento en la provincia de Misiones. Al haber más kilogramos para repartir el mismo fondo, el impacto individual unitario se licúa y apenas supera a la inflación. El año pasado, el aumento real de lo cobrado de forma directa por el productor fue «muy leve».

​Obligaciones del sistema provincial en el primer semestre: Durante la primera mitad del año, el sistema de la provincia de Salta debe absorber gastos fijos obligatorios de la producción que se valuaron por encima de la inflación general. Estos fondos que se descuentan de la remisión nacional se aplican al 100% en:

​Pago del Convenio de Corresponsalía Gremial (aportes y contribuciones a la seguridad social de los empleados rurales del cultivo).

​Compensaciones por daños de granizo y vientos asociados que afectaron a las plantaciones.

​Compensaciones para el carburante (gas) utilizado en el secado del tabaco.

​Cornejo transmitió previsibilidad al productor afirmando que este primer semestre es muy complejo, pero que a partir del mes de julio se registrará un aumento gradual en los recursos que se cobran mes a mes. Esto se debe a que el sistema provincial está terminando de cancelar este cúmulo de obligaciones directas, lo que liberará en mayor medida las partidas que envía la Nación para el pago directo en el bolsillo del productor.

​Denuncia por evasión en quioscos y exigencia de control a la ARCA

​El dirigente tabacalero lanzó una dura advertencia sobre el control comercial interno: denunció que entre el 30% y el 35% de los cigarrillos que se venden actualmente en los quioscos no respetan el precio de venta declarado ante la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

​Explicó que empresas como Tabacalera Sarandí, Espert o marcas menores declaran ante el fisco un precio promedio de $700, $800 o $1.000, pero el producto se termina vendiendo al público en los comercios a $2.500. Esto genera una fuga masiva de recursos que no responde a un vacío legal, sino estrictamente a una falta de control y fiscalización por parte del Gobierno nacional.

​Por este motivo, la Cámara del Tabaco de Salta está peticionando formalmente a la ARCA que implemente de manera efectiva el sistema de control de trazabilidad mediante un código QR impreso en los paquetes de cigarrillos. Este mecanismo permitirá que el propio consumidor escanee el paquete con su celular y verifique en tiempo real la marca, el fabricante y el precio de venta oficial. De este modo, el fumador exigirá el respeto del precio formal, obligando a elevar el valor declarado.

​Cornejo remarcó que el gran perjudicado por esta evasión tributaria es el propio Gobierno nacional, el Tesoro de la Nación, las 24 jurisdicciones provinciales (por la pérdida en coparticipación), los 60 municipios de la provincia, la ANSES y los productores tabacaleros, viéndose resentida toda la actividad minorista por la falta de jornales y recursos.

​Especificó que el sistema le aporta actualmente a la ANSES cerca de 280.000 millones de pesos. Si se lograra controlar y evitar esta fuga de recursos en los quioscos, la recaudación del Tesoro Nacional, las provincias y la ANSES podría incrementarse mínimamente entre un 20% y un 25%, lo que significaría un alivio directo para el sistema de seguridad social y los haberes de los jubilados.

​Gestiones políticas y convocatoria en el Senado Provincial

​Para buscar soluciones a esta problemática de fiscalización ante la ARCA, el Senado de la Provincia de Salta realizó una convocatoria formal hace aproximadamente 20 días dirigida a los legisladores nacionales.

​El senador lamentó que los legisladores nacionales pertenecientes a La Libertad Avanza (oficialismo nacional) decidieron no asistir a la reunión, lo cual consideró desafortunado debido a que, por ser el oficialismo, disponen de un contacto más directo con las autoridades del Gobierno federal. Por el contrario, quienes sí asistieron, tomaron nota y asumieron un compromiso de trabajo fueron los legisladores nacionales que responden al frente gobernante de la provincia de Salta.

​Para finalizar, Cornejo ratificó su respaldo a la conducción política local: expresó su confianza en las gestiones institucionales que lleva adelante el gobernador Gustavo Sáenz, destacando que trabaja bajo una línea de consenso con el Presidente de la Nación. El legislador concluyó manifestando que dar gobernabilidad y trabajar de manera conjunta por el progreso y el bienestar de los salteños es el mandato correcto que dictaron los ciudadanos en las urnas en 2023 y que quedó ratificado el año pasado.