La crisis de rentabilidad que golpea a los productores primarios de tabaco en el norte del país sumó un capítulo de máxima tensión gremial. Producto de las recientes declaraciones del dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta, Enrique Cornejo, pudimos conocer la crítica situación que atraviesa la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET), la cual arrastra diez meses consecutivos de decrecimiento en términos reales, marchando muy por detrás de los índices inflacionarios del país. De acuerdo con el referente agrario, este escenario de asfixia financiera se debe directamente a que el 40% del mercado de cigarrillos formales opera bajo una modalidad de severa subfacturación impositiva, debilitando los recursos destinados al Tesoro de la Nación, la coparticipación provincial, los municipios, la ANSES y el propio fondo tabacalero.

Al desglosar las asimetrías fiscales que sostienen al sistema, Cornejo fue contundente con las cifras vigentes en el mercado nacional: «Hoy al Fondo Especial del Tabaco lo están sosteniendo mayoritariamente las multinacionales, que ellas solamente venden el 60% de los cigarrillos y aportan el 85% de los recursos. Y las pymes nacionales concentran el 40% de las ventas, pero solo aportan el 15% de los recursos». El dirigente explicó que este desfasaje técnico se produce porque las firmas locales declaran ante el fisco un precio promedio testigo de, por ejemplo, 800 pesos, mientras que los quioscos comercializan esos mismos paquetes al doble o al triple del valor. Ese diferencial comercial no tributa ni aporta a la estructura legal, generando una fuga impositiva que licúa el poder adquisitivo de las provincias productoras.

Intimación a empresas incumplidoras y reclamo a la Nación

El foco de la denuncia gremial apuntó con nombre y apellido a dos empresas específicas: la cigarrera jujeña de la marca CJ y la bonaerense Espert. Según la información recabada por la dirigencia, ambas compañías acumulan de forma conjunta entre el 8% y el 10% de las ventas mensuales del mercado, pero registran una conducta de total incumplimiento impositivo al declarar volúmenes de paquetes sin realizar los pagos correspondientes al FET. Ante esta parálisis, las Cámaras del Tabaco de Salta, Jujuy y Misiones enviaron intimaciones formales por carta documento para exigir el pago proporcional de lo adeudado, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.

Debido a la falta de respuestas del sector privado, las entidades elevaron el reclamo ante la Secretaría de Agricultura de la Nación, como órgano de aplicación de la ley, solicitando de forma urgente que se proceda a intimar y ejecutar la deuda, la cual representa una suma superior a los 20 millones de dólares que las citadas empresas retienen al fondo. Al respecto, Cornejo contrastó de manera enfática el comportamiento del mercado: mientras firmas líderes como Massalin Particulares abonan un derecho de 350 pesos por paquete, una de las empresas incumplidoras realiza un pago a cuenta de apenas 10 pesos. «Paga lo que quiere, cuando quiere, como si fuera la dueña del Estado y no habría sujeción de la ley», denunció el directivo, quien valoró positivamente el perfil de trabajo y compromiso del Secretario de Agricultura nacional, esperando que la repartición oficial avance con firmeza en las instancias administrativas y judiciales pertinentes.

La propuesta del código QR georreferenciado ante la pasividad fiscal

La escasez de recursos impacta de forma dramática en el interior profundo de las provincias, ya que las transferencias del FET están llegando apenas en un 60% de lo que legalmente debería percibir el productor primario. Esta merma se da en un momento del ciclo agrícola de alto nivel de erogaciones, donde semanalmente se deben cancelar sueldos, jornales de estacionalidad, insumos críticos y combustibles.

Para revertir la evasión de manera estructural y dotar de transparencia a la cadena de comercialización, las asociaciones civiles de Salta, Jujuy y Misiones le propusieron formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la incorporación obligatoria de un código QR en los paquetes de cigarrillos. El sistema funcionaría mediante el escaneo directo por parte del consumidor: si el precio formal declarado ante ARCA figura en 800 pesos pero el comercio minorista lo vende a 2.500 pesos, la plataforma permitirá realizar una denuncia georreferenciada inmediata en tiempo real. Esta herramienta técnica forzará la coincidencia entre los valores declarados de fábrica y los valores reales de góndola. Finalmente, el dirigente salteño manifestó su profunda sorpresa ante la pasividad fiscal del organismo recaudador de la Nación, remarcando que resulta llamativo que deban ser las propias organizaciones de productores quienes acerquen soluciones operativas para frenar el fraude comercial en el país.