El Gobierno de Misiones, a través del Ministerio del Agro y la Producción, confirmó el cronograma oficial para un nuevo desembolso de recursos en el marco de la Resolución 34/26 del Fondo Especial del Tabaco (FET). A partir del próximo miércoles 22 de julio de 2026, estará disponible el pago que liquidará un monto exacto de $2.636.943.325,35.
La medida alcanza de forma directa a un universo de 1.901 colonos tabacaleros, reconociendo una entrega total en boca de acopio de 4.813.052 kilogramos correspondientes a las variedades Burley, Criollo Misionero y Criollo Argentino.
Desglose de los pagos por variedad y período de entrega
El esquema de liquidación de la cartera agraria provincial contempla diferentes variables según el tipo de tabaco y las fechas en las que los productores comercializaron su cosecha:
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Tabaco Burley: Constituye el grueso del desembolso presupuestario. Comprende la producción entregada entre el 20 de mayo y el 16 de junio de 2026. En este segmento, 1.705 productores percibirán la suma de $2.512.677.938,66 por un volumen registrado de 4.606.377 kilos.
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Criollo Misionero: Corresponde al mismo período de entrega (20 de mayo al 16 de junio). Beneficiará a 148 productores, quienes se distribuirán un monto de $98.736.667,66 por una producción de 165.726 kilos.
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Criollo Argentino: Contempla las entregas más tempranas, realizadas entre el 19 de febrero y el 13 de marzo del corriente año. Abarca a 48 productores, que cobrarán un total de $25.528.719,03 sobre una base de 40.949 kilos acopiados.
El FET como motor y sostén de la economía familiar rural
La regularización de estos tramos de pago resulta fundamental para el sostenimiento de la dinámica económica en las chacras, donde la actividad tabacalera tiene un profundo arraigo territorial e identitario.
Miles de familias de la provincia de Misiones estructuran su economía familiar y organizan minuciosamente su calendario según las ventanas de siembra, cosecha, cura y venta del producto. En este ecosistema, la articulación del Ministerio del Agro provincial funciona como un nexo institucional crítico frente a los organismos nacionales que administran el financiamiento, garantizando que el retorno por kilo llegue al productor para complementar los programas de asistencia financiera y acompañamiento técnico en el terreno.
