La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en el centro de la controversia a la Tabacalera Sarandí, dirigida por Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”. La empresa está siendo investigada por supuestas maniobras para eludir el pago de impuestos en la venta de cigarrillos, lo que ha generado serias preocupaciones en el ámbito fiscal.
Según información revelada por Clarín, entre octubre y diciembre de 2024, la tabacalera habría manipulado la información relacionada con las estampillas fiscales, esenciales para el control y la trazabilidad de sus productos. Estas estampillas son utilizadas por ARCA para asegurar el cobro de impuestos sobre cada paquete de cigarrillos comercializado. Las empresas están obligadas a reportar mensualmente el uso de estas estampillas, así como cualquier anomalía en su estado.
El organismo fiscal detectó discrepancias significativas en los reportes de la empresa, donde las cifras de estampillas no coincidían con las existencias reales. Como resultado, ARCA sancionó a Tabacalera Sarandí, limitando drásticamente la entrega de nuevas estampillas, otorgándole solo el 10% de lo solicitado entre octubre y diciembre de 2024.
Las sospechas apuntan a que Otero y su empresa estarían utilizando esta manipulación para acumular estampillas y producir cigarrillos que luego se venderían en el mercado sin el correspondiente pago de impuestos. Actualmente, tras la implementación de la Ley Bases, las tabacaleras deben abonar un impuesto del 73% sobre el precio de venta, una carga que Otero había evadido anteriormente mediante cautelares judiciales.
La situación se complica aún más, ya que el empresario enfrenta también una investigación por la presunta falsificación de estampillas fiscales en Mar del Plata. Un juez federal ha convocado a varios empresarios a indagatoria por la compra de cigarrillos con estampillas falsificadas, lo que podría agravar aún más su situación legal.
En los últimos años, Tabacalera Sarandí ha experimentado un notable crecimiento en su participación de mercado, pasando del 5,6% en 2016 al 38,4% en 2023, en gran parte gracias a la evasión fiscal. Este caso resalta la necesidad de un control más riguroso en la industria tabacalera, donde las irregularidades pueden tener un impacto significativo en la recaudación tributaria del país.