La reciente resolución del Ministerio de Salud de la Nación que deroga la prohibición de comercializar productos de Tabaco Calentado (PTC) abre un nuevo escenario económico y legislativo en la República Argentina.

El senador provincial por el departamento de General Güemes y dirigente del sector, Enrique Cornejo, analizó en profundidad el impacto de esta medida, los desequilibrios actuales en la distribución de los recursos y la estrategia federal para salvaguardar el sustento de los productores del NOA y NEA.

​El impacto del Tabaco Calentado y la oportunidad industrial
Cornejo respaldó la decisión del Ministerio de Salud, calificando la prohibición anterior como una medida «sin fundamentación» clara, considerando que estos productos ya se consolidaron en los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón como la nueva tendencia elegida por los consumidores. El legislador citó estudios internacionales, como los de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), que validan que la externalidad negativa de estas manufacturas es menor en comparación con el cigarrillo de combustión tradicional.
​Más allá del consumo, el dirigente destacó la gran oportunidad comercial y de empleo para el país: existe una firme intención de una empresa multinacional de radicar una planta de elaboración en territorio nacional mediante inversiones de cientos de millones de dólares. Esto implicará el uso de materia prima argentina y mano de obra local, abriendo un nuevo canal de comercialización en un contexto global complejo signado por la sobreoferta mundial de tabaco.

​La batalla legislativa: Incorporar el tabaco calentado al FET
Sin embargo, Cornejo encendió las alarmas respecto a la estructura tributaria. Explicó que, si bien estos productos están contemplados dentro de la ley de impuestos internos en lo que respecta a tributos generales, actualmente están exentos del gravamen del Fondo Especial del Tabaco (FET).

​»En el año 1972, cuando se sancionó la Ley 19.800 del Fondo Especial del Tabaco, estas tecnologías no existían en el mundo. Las leyes deben valorar el contexto y la realidad social, y hoy esa realidad cambió. Por un principio de igualdad y por la necesidad del productor, estas manufacturas deben aportar al FET», sentenció.

​Ante esta situación, Cornejo confirmó que ya iniciaron gestiones con los legisladores nacionales que representan al frente provincial en el Senado de la Nación —lamentando la ausencia de los representantes del oficialismo nacional en dicha convocatoria—. Asimismo, se ha comunicado con los presidentes de las Cámaras del Tabaco de Jujuy, Tucumán y Misiones para unificar el reclamo de las siete provincias tabacaleras. El objetivo es impulsar una modificación concreta a la Ley 19.800 en el Congreso de la Nación para establecer el mismo régimen de gravamen a las nuevas especies de manufactura.

​Análisis financiero del FET: Costos por encima de la inflación
Al evaluar la situación económica de los productores, Cornejo diferenció los términos nominales de los reales. Explicó que, si bien el fondo muestra en términos reales un incremento levemente superior al índice inflacionario general, las obligaciones directas que debe afrontar el sistema sectorial crecieron a un ritmo muy superior.

​Factores determinantes como la mano de obra, el gas natural para el secado y curado, la energía eléctrica y los combustibles experimentaron subas que distorsionan el poder adquisitivo real del productor, cuyo ingreso directo por el fondo se ubicó en el orden del 32% el año pasado.

​El senador transmitió tranquilidad a las bases explicando el porqué de la fuerte reducción en los cobros percibidos entre marzo y mayo: durante el primer semestre del año calendario, la recaudación provincial debe absorber gastos fijos directos y cruciales del productor, tales como las obligaciones del Convenio de Corresponsalía Gremial, el pago de las compensaciones por daños de granizo de la última campaña y el subsidio al carburante (gas) para el secado de las estufas. Cornejo estimó que, una vez canceladas estas obligaciones del sistema, a partir del mes de julio se generará un aumento significativo en la transferencia de recursos directos, replicando el esquema de años anteriores, justo en los meses de agosto, septiembre y octubre cuando el productor más requiere del capital para iniciar el nuevo ciclo productivo.

​La sobreproducción nacional y el reparto de los recursos
Otro factor de análisis clave introducido por el dirigente es el notable incremento de la producción tabacalera en Argentina, la cual creció cerca de un 38% a nivel nacional. Al existir más kilos producidos para distribuir el mismo fondo general, el impacto individual en el valor económico por kilo que recibe cada provincia se reduce proporcionalmente. Citó el caso de la provincia de Misiones, que elevó drásticamente su volumen de 16 millones de kilos a 41 millones en la campaña pasada, estimándose en 39 millones para el ciclo actual.

​Intimación y posibles acciones legales contra la industria «rebelde»
Finalmente, Cornejo denunció una grave asimetría en el mercado interno de cigarrillos que perjudica directamente las arcas de las provincias productoras. Detalló que una empresa calificada como «pyme» local comercializa actualmente cerca de 7 millones de paquetes de cigarrillos por mes —en comparación con los 12 millones de British American Tobacco y los 60 millones de Massalin Particulares— sin aportar suma alguna en concepto de Fondo Especial del Tabaco.

​Al respecto, aclaró un punto legal fundamental: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) no es el organismo facultado para exigir este cobro, ya que el FET no constituye técnicamente un impuesto, sino una contribución especial cuya legitimación de percepción recae de forma exclusiva en la Secretaría de Agricultura de la Nación.

​Frente a la inacción de dicho organismo, Cornejo informó que la Federación Argentina de Productores de Tabaco ya cursó sendas notas formales al Secretario de Agricultura de la Nación exigiendo el inicio inmediato de las acciones de cobro ante lo que definió como una «conducta rebelde y reticente» por parte de la empresa tabacalera. De no mediar una respuesta efectiva, adelantó que la Federación no descarta iniciar acciones legales de forma directa para recuperar los recursos que legítimamente corresponden a los productores en esta compleja coyuntura.

​A pesar de los desafíos financieros actuales, similares a los atravesados en el mismo periodo del año pasado, Cornejo concluyó con un mensaje de optimismo, ponderando las excelentes plantaciones y los óptimos resultados de comercialización y acopio de la última temporada que permitieron sostener ciertos márgenes de rentabilidad. Asimismo, ratificó su confianza en las gestiones federales que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz ante las máximas autoridades nacionales para blindar la sustentabilidad de la actividad.