viernes, 24 mayo 2024
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Otra ayuda K: la empresa del “Señor del Tabaco” no es controlada por el nuevo sistema de la AFIP

Se trata de otros de los "favores" de la gestión del ex presidente Alberto Fernández a Tabacalera Sarandí. No fue incluída en un nuevo sistema de estampillas para controlar el pago de impuestos pese a haber sido denuncia ante la Justicia.

A mediados del 2023, la AFIP dispuso cambiar las estampillas fiscales que se observan en los paquetes de cigarrillos. Se denominan Instrumentos Fiscales de Control (IFC) porque permiten verificar el pago de los impuestos por cada atado que se vende y se busca erradicar las estampillas falsas. Pese a que el fisco denunció a Tabacalera Sarandí por evasión impositiva y por el uso de sellos fiscales apócrifos, no le exigió que incorpore el nuevo sistema de control.

Las estampillas fiscales que se imprimen en Casa de la Moneda, tenían una antigüedad en su formato y sistema de control que data de hace veinte años. Esa cantidad de años sin aplicar ningún tipo de cambios, produjo que -por ejemplo- la propia AFIP haya iniciado causas penales en contra de algunas tabacaleras como Sarandí de Pablo Otero, por la utilización de estampillas apócrifas.

La maniobra denunciada por el propio fisco, se investiga en el marco de un expediente radicado en Mar del Plata y posibilita que la compañía pague menos carga impositiva ante el fisco. Desde Tabacalera Sarandí dijeron a Clarín que nunca vendieron cajas con IFC falsos y que en sus instalaciones nunca se encontraron estampillas apócrifas.

Hay que recordar, como publicó Clarín, que en el marco del expediente radicado en Mar del Plata que inició tras una denuncia del organismos recaudador, se ordenó un análisis técnico de las estampillas en el que intervino la Casa de la Moneda. El informe concluyó que en un muestreo de los cigarrillos Red Point, la marca principal de Tabacalera Sarandí, se acreditaron estampillas apócrifas.

Desde el sector, señalaron que aún en el presente, “es habitual encontrar gran cantidad de cigarrillos con estampillas falsas o directamente sin estampillas”.

Cuando Casa de la Moneda y la AFIP informaron la actualización de estampillas de tabaco, se confirmó que las mismas exponían “tendencias de vulnerabilidad a partir de los peritajes efectuados en 2021 y 2022”, sostiene el documento oficial al que accedió Clarín.

Allí se detalló que en ese período se peritaron un total 106.798 de estampillas, de las cuales resultaron apócrifas 97.232. Esto arroja un porcentaje del 91,04%.

Ante estos resultados la gestión de Alberto Fernández, informó que se iban a actualizar las estampillas “para garantizar la autenticidad e integridad de cada unidad”, a esto se suma la incorporación de herramientas tecnológicas “para asegurar la identidad de cada producto etiquetado”.

¿La finalidad de todo esto? El documento oficial habla de “combatir el contrabando y la falsificación”. La resolución de la AFIP que exigió la implementación de las nuevas estampillas y con ellas un nuevo sólo alcanzó a algunas tabacaleras.

Llamativamente, no se incluyó en la exigencia de este nuevo sistema de control fiscal a la compañía de Pablo Otero, denunciada en reiteradas ocasiones por el fisco por la venta de cigarrillos con estampillas apócrifas con resultados positivos tras una serie de pericias realizadas, en las que intervino Casa de la Moneda aportando los sellos fiscales originales para realizar la comparación.

Estos nuevos Instrumentos de Control Fiscal se anunciaron el 26 de abril de 2023 en un acto encabezado por el entonces director del fisco, Carlos Castagnetto, donde convocó a los representantes de todas las empresas productoras de cigarrillos de la Argentina. Junto con el anunció del cambio de estampillas fiscales, se informó que además se contrató a la empresa SICPA para proveer el software que se utiliza para el control de los ICF.

La responsable de homologar y proveer los dispositivos y softwares necesarios, así como también el plan de acción a cada empresa tabacalera, es Casa de la Moneda.

Una de las premisas de esta política fiscal es la puesta en marcha de un sistema más eficiente en el control y trazabilidad del producto fabricado, cómo se declara el mismo ante la AFIP como así también, el precio de venta. Justamente, las estampillas apócrifas generan un valor declarado que no es real lo que produce una menor recaudación para el fisco.

Los cambios incluyeron otro factor que no es menor. En la línea de producción de cada compañía se incorporaron e instalaron dispositivos para escanear las nuevas estampillas. Estas máquinas se conectan a servidores que, a su vez, alimentaban un software que transmite de manera online la producción realizada y contabiliza cuántas estampillas se utilizan.

La AFIP sostiene que este mecanismo, posibilita mantener un inventario de las estampillas y un mayor control de la producción. Avalando ese criterio, fuentes del sector tabacalero añaden que el sistema de control nuevo “permite evitar que se produzca en negro y saber cuánto despacha cada fábrica más allá de las declaraciones de impuestos que se reportan cada decena´”.

Sin embargo, por el momento, Tabacalera Sarandí no fue incluida en la implementación del nuevo control de estampillas fiscales pese a las sospechas que pesan sobre la compañía en sede judicial.

Ante la consulta de Clarín sobre por qué a la compañía que denunció el propio fisco, no se le exigió la puesta en marcha de un sistema que busca erradicar que en el mercado circulen estampillas fiscales falsas, indicaron que la contratación con la Casa de la Moneda de los instrumentos fiscales “fue hecha en el gobierno anterior. Desde AFIP estuvimos trabajando para asegurar la trazabilidad, el ciclo de vida de los IFC (elementos de control). Es Casa de la Moneda el organismo que tiene que llevar a cabo la homologación e implementación de los nuevos instrumentos de control a todas las tabacaleras”.

Si bien la implementación es para todas las empresas por igual, no fue una aplicación en simultáneo para todas las compañías que integran el sector tabacalero. Sobre el caso puntual de la firma de Otero, se dijo a Clarín que -junto a otras- “está en proceso de homologación del sistema, pero todas van a tener que implementarlo, cuando se le acaben las estampillas del sistema anterior no va a poder comercializar sino tienen el nuevo sistema implementado”.

Aunque el nuevo sistema de control se puso en marcha en enero de este año, Tabacalera Sarandí continúa con el antiguo sistema.

Lo cierto es que la AFIP del gobierno de Alberto Fernández, pretendía para septiembre de 2023, tener en todas las fábricas el nuevo sistema de control instalado y funcionando, junto a un periodo de transición que debía regir para poder sacar del mercado todos aquellos paquetes de cigarrillos que estaban en circulación bajo el antiguo sistema.

Esto no ocurrió. Son varias las compañías tabacaleras que le reclaman al organismos recaudador mayor claridad en cuanto a cómo funcionará la devolución de viejas estampillas, el período que aquellas empresas que no se ajustaron al nuevo sistema, podrán hacer circular sus cigarrillos con los ICF anteriores, si las viejas estampillas se destruirán, entre otros puntos que aún parecen estar en una suerte de limbo.

Como explicaron las actuales autoridades de la AFIP, la resolución que puso en marcha el sistema se firmó el último día hábil previo al cambio de gobierno con la firma de Carlos Castagneto. El 9 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la resolución general 5462/2023 que establece el procedimiento para la solicitud y utilización de nuevas estampillas.

La queja de una parte del sector de la industria del cigarrillo es que “mientras algunas empresas no se ajustan al nuevo sistema de control, las que sí obtuvieron por parte de la AFIP, muy pocas estampillas supuestamente, con la intención de ir agotando los stocks de estampillas viejas que pudiera haber e ir obligando a cambiar e implementar el nuevo sistema”.

En este escenario Tabacalera Sarandí cuenta con un stock promedio, que superó los seis meses en los que puede seguir produciendo con las antiguas estampillas, las mismas que son objeto de investigación en la jurisdicción de Mar del Plata.

Cuando Clarín consultó al respecto señalaron que la normativa vigente “no determina la cantidad de IFC que debe tener una manufactura. En el caso de Tabacalera Sarandí S.A., solamente se repusieron los IFC consumidos en el proceso productivo. Cuando solicitó arbitrariamente cantidades excesivas a la realidad de su producción habitual o de sus ventas, dichos pedidos fueron rechazados total o parcialmente”.

Al ver la implicancia en el mercado, se logra dimensionar su relevancia. Tabacalera Sarandí es la segunda empresa del mercado (hoy supera el 33% del share), “aún no ha homologado el sistema hasta que agote el stock de estampillas”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Lo mismo ocurre con Bronway Technology, For Men, Espert, Todo Tabaco, Black Tabacos, Cigarrillos y Tabacos de Jujuy, Nuevos Senderos, Real Tabacalera Santiago, entre otras.

No hay aún precisión desde el organismo recaudador respecto a cuándo todas las empresas que integran la industria tabacalera, estarán utilizando el mismo sistema de estampillas y control de las mismas. El principal señalamiento -de fuentes del sector- es si el fisco “no está siendo complaciente con la evasión, falsificación de estampillas y subfacturación por parte justamente de las empresas que no tienen instalado el nuevo sistema”.

Otros “favores”

No es la primera vez que el fisco de la gestión de Alberto Fernández, favorece a la empresa de Otero. Como contó Clarín, durante el período comprendido entre mayo de 2021 a junio de 2022 Tabacalera Sarandí no tuvo vigente ninguna medida cautelar. Pese a ello, la AFIP que dirigía por entonces Mercedes Marcó del Pont, no le reclamó el pago del impuesto interno mínimo y exigió la deuda acumulada.

Los cálculos oficiales estiman que debería haber tributado, sólo por ese impuesto que en dicha ventana de tiempo no contó con ninguna medida cautelar, 340,14 millones de dólares.

Pero hay otra cifra: si se tiene en cuenta que al no pagar el impuesto mínimo interno, eso reduce lo que debía tributar en relación a las demás categorías, el número final arroja 417 millones de dólares. Pero el fisco de la gestión de Alberto Fernández, no reclamó el pago.

Las medidas cautelares obtenidas por Otero son para no pagar a la AFIP, el impuesto mínimo interno. Esto, según los estudios oficiales, le permitió manejar ingresos que lo posicionaron en el mercado: en los últimos ocho años pasó del 5% al 30,86% en el sector. No es la única empresa que acudió a la justicia, pero sí la única que mostró este crecimiento exponencial.

Tan sólo durante 2023 las medidas cautelares otorgadas generaron una pérdida anual directa de recursos para el país de casi 798 millones de dólares, según estimaciones privadas. Es por las resoluciones judiciales que en la práctica avalan la posición de Pablo Otero, quien sostiene que su empresa no evade impuestos, sino que no abona el gravamen alcanzado por una acción judicial.

Replicado de Clarin

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