El panorama de la producción tabacalera en Argentina se ve sacudido por revelaciones contundentes. Según el documental «Humo», la industria que en 2024 alcanzó más de 80 mil toneladas de variedades Virginia y Burley —principalmente en Salta, Jujuy y Misiones— enfrenta un perjuicio histórico debido a maniobras judiciales. El eje del conflicto es Pablo Otero, apodado el «Señor del Tabaco», cuya empresa, Tabacalera Sarandí, logró eludir durante seis años el pago del impuesto mínimo mediante medidas cautelares y recursos judiciales.
Este esquema de evasión no solo afectó a las arcas del Estado, sino que golpeó el corazón de la producción regional. La Federación Argentina de Tabaco estima que solo por el Fondo Especial del Tabaco (FET), el perjuicio asciende a los 100 mil millones de pesos. «Es una gran deuda que tiene la empresa para con el fisco, y de esa deuda hay una parte fundamental que le corresponde legítimamente al sector tabacalero», destaca la investigación.
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras la intervención del ARCA y la Corte Suprema de Justicia. En un fallo histórico dictado en 2025, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad del impuesto mínimo, dejando sin efecto las cautelares que protegían a Otero. Como resultado, Tabacalera Sarandí deberá abonar al Estado argentino una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares, una resolución que el sector espera se traduzca en la regularización de los fondos destinados a sostener la actividad de los productores.
