El convenio de la Organización Mundial de la Salud firmado en Ginebra (Suiza) por el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, para el control de tabaco en el mundo; se mantenía en suspensión dado que, en función de nuestra organización constitucional era necesario tramitar el Acto Complejo Federal, mediante el cual el Poder Ejecutivo suscribe el tratado y el Poder Legislativo lo aprueba para recién incorporar y recepcionar la norma de derecho internacional público. Dicha situación se dio a causa de la intervención de las 7 provincias productoras y sus respectivos gobiernos, quienes plantearon el riesgo que el tratado internacional implicaba para el FET, siendo además incierta su vigencia en el tiempo.
Es así que, el Estado Argentino decide sancionar en el año 2009 y 2011, leyes que contemplan las pautas establecidas por la OMS, decidiendo así la elevación del precio de los productos de tabaco para desalentar su consumo. En este contexto, se da origen al impuesto interno mínimo ya que actúa como un costo directo al precio de cigarrillos, permitiendo tener un control fiscal de la situación.
Ocurre que, desde el Ministerio de Salud son realmente casi nulas las acciones llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento del pago de tal impuesto, por lo que en los últimos años se ha elevado el consumo de productos de tabaco a causa de que el 40% de los cigarrillos no cumple el impuesto vigente y comercializa a bajo costo.
Es por ello que, desde el sector tabacalero se plantea la irracionalidad de un proyecto totalmente absurdo movilizado nuevamente sin motivos valederos que busca erradicar la producción tabacalera incluso en contexto de leyes nacionales ya reglamentadas en cuanto a publicidad, promoción, acción en espacios públicos o establecimientos educativos, cantidad de sustancias químicas permitidas y demás pautas que son llevadas a cabo.
Cabe aclarar que, de prosperar tal proyecto, se precipitaría una caída irreparable del Fondo Especial del Tabaco, fondo que forma parte no solo del complemento de precio a productores que no es más ni menos que el sustento económico de miles de familias tabacaleras, si no también cobertura médica, obras de infraestructura, programas de registración laboral y demás actividades relacionadas al propio Estado. Esta situación deja en claro el negativo efecto social que podría provocarse teniendo en cuenta además que, la eliminación de la actividad en el país no se trata de una cuestión de salud.
Y es que, de extinguir la producción primaria solo se conseguiría iniciar una importación de tabaco, ya que las empresas continuarían elaborando cigarrillos, los consumidores continuarían en marcha y solo provocaría una pérdida de miles de puestos de empleos argentinos, generando gran cantidad de empleo brasilero o africano ya que son paises altamente exportadores de tabaco.
Así lo expresó Enrique Cornejo, dirigente de la CTS en diálogo con Tabaco Argentino, intentando esclarecer la situación ante la sociedad, explicando una vez mas que la erradicación de la produccion tabacalera en el país no es la solución contra el tabaquismo, apoyando el cumplimiento efectivo de leyes que si podrian regular el consumo, dado principalmente por el pago de impuesto minimo interno, y compartiendo además la denuncia ya realizada por el senador Kety Roso hacia autoridades del Ministerio de Salud para aplicar medidas necesarias para el cumplimiento de tal evasión.
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