Pequeñas, discretas y con apariencia de bolsitas de té, las llamadas bolsas de nicotina sintética se colocan entre la encía y el labio superior, liberando nicotina sin combustión ni humo. Aunque no contienen tabaco —a diferencia del snus tradicional europeo— su concentración puede ser equivalente a la de hasta 25 cigarrillos en una sola dosis.

Estas bolsitas están ganando popularidad especialmente entre los jóvenes, quienes buscan una forma discreta de consumo sin fumar. La Asociación Española contra el Cáncer, entre otras entidades sanitarias, advierte que la nicotina es tóxica, con potencial para dañar el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de adicción.

Un vacío legal aprovechado por la industria

Como no contienen tabaco, las bolsas de nicotina sintética no están incluidas en la normativa antitabaco vigente, lo que ha permitido que circulen libremente en España y otros países del entorno. El Ministerio de Sanidad español propone ahora equipararlas a los productos de tabaco o incluso prohibir los sabores y limitar su dosis máxima de nicotina.

Presiones y posiciones contrapuestas en la UE

La industria tabacalera —Philip Morris, BAT y Japan Tobacco— ha operado a través de países como Suecia, Italia o Grecia para gestionar objeciones a la regulación que se discute en la Unión Europea. Nueve organizaciones, entre ellas Nofumadores.org, acusaron a las grandes tabacaleras de influir para retrasar medidas que protejan a adolescentes del acceso a estos productos.

Por su parte, asociaciones médicas y de salud pública en España demandan una regulación basada en evidencia, con límites efectivos en nicotina y un abordaje coherente que no perpetúe mercados clandestinos ni retroceda en la defensa de la salud.

Riesgos para la salud y normas pendientes

La absorción bucal de la nicotina incrementa la presión arterial y puede propiciar alteraciones cardíacas. Además, preocupa la posibilidad de atraer a usuarios no fumadores o menores por su sabor, discreción y presentación atractiva.

España enfrenta ahora una elección clave: aplicar límites estrictos —como la dosis de 0,99 mg por unidad— o seguir el ejemplo de Suecia y Estados Unidos, donde estos productos forman parte de políticas de reducción de daños, siempre con supervisión regulatoria.