El sector primario tabacalero de la República Argentina fijó una postura institucional en bloque frente a la solicitada difundida el pasado 18 de noviembre por la entidad denominada UNTAPYA. A través de un duro pronunciamiento público, la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, junto a las cámaras y asociaciones de productores de las siete provincias tabacaleras —Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Chaco y Misiones—, rechazó de plano las manifestaciones vertidas por dicha agrupación y ratificó el reclamo unánime que toda la producción primaria del país expresó durante la Jornada Federal Tabacalera, celebrada el pasado martes 17 de noviembre de 2026 en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el documento, la dirigencia agraria repudió de manera especial los agravios, las acusaciones infundadas y la persecución personal dirigida contra el senador Enrique Cornejo, quien ofició como uno de los voceros de las demandas consensuadas por toda la fuerza productiva en el mencionado encuentro. Desde las entidades recordaron que la jornada en CAME contó con una nutrida y amplia convocatoria, en la que participaron senadores y diputados nacionales y provinciales de todo el arco político, además de importantes funcionarios nacionales y provinciales de las distintas áreas vinculadas a la actividad, quienes acompañaron el debate sobre las herramientas necesarias para recomponer el Fondo Especial del Tabaco (FET) tras años de severo deterioro en su recaudación.
Prontuarios judiciales, fallos de la Corte y asimetrías fiscales
Respecto a la representatividad de UNTAPYA, las cámaras de productores manifestaron desconocer su integración actual y quiénes son sus autoridades formales, aunque subrayaron que las referencias publicadas en la prensa permiten vincularla con empresas de nutrido prontuario judicial que fueron allanadas y clausuradas, citando puntualmente los casos de las cigarreras Dollar y Tabacalera del Litoral. Asimismo, advirtieron que la entidad parece representar los intereses de la firma que, entre los años 2018 y 2025, gozó de un excepcional e ilegítimo tratamiento tributario diferencial que alteró sustancialmente la competencia en el mercado interno de cigarrillos, provocando una caída drástica en los ingresos del FET y graves perjuicios económicos para los agricultores.
Las entidades recordaron que dicho beneficio impositivo ilegítimo ya recibió dos fallos contrarios consecutivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a lo cual, hasta la fecha, el incumplidor no ha depositado los impuestos adeudados ni transferido los recursos correspondientes al fondo tabacalero, manteniendo un reclamo pendiente de cobro en el Tribunal Fiscal de la Nación según la información pública disponible. En contraposición, los productores remarcaron que su vínculo con la industria se rige por el estricto cumplimiento de la ley vigente, destacando que firmas como Massalin Particulares y British American Tobacco han cumplido históricamente con sus obligaciones tributarias y realizado aportes sustanciales para conformar el FET. Al constituir este fondo una parte integral del ingreso que percibe el productor por la venta de su materia prima, las asociaciones exigieron que todos los fabricantes tributen bajo las mismas reglas, advirtiendo que cualquier privilegio o evasión vulnera directamente el derecho de propiedad del agricultor.
Exigencia de pruebas y urgente tratamiento parlamentario
Hacia el cierre de la solicitada, la Federación y las cámaras provinciales aclararon que el proyecto de ley impulsado por el sector y sus fundamentos son de carácter público, encontrándose desde hace varios meses con trámite parlamentario iniciado en la Cámara de Diputados de la Nación bajo el expediente 4273-D-2026. En esa línea, intimaron a los firmantes de UNTAPYA a dejar de confundir a la opinión pública con falsedades y calumnias, exigiéndoles que, en caso de contar con elementos concretos, individualicen los hechos, aporten las pruebas y formulen las denuncias judiciales correspondientes.
Finalmente, las siete provincias tabacaleras solicitaron al Congreso Nacional que otorgue urgente consideración parlamentaria a las propuestas presentadas para ampliar la base de aportes al FET y recomponer los recursos que integran el ingreso real del productor. Subrayaron que de la resolución de esta crisis dependen el sostenimiento del empleo rural, la continuidad de miles de explotaciones familiares y la supervivencia de la vida productiva de todos los agricultores, trabajadores y comunidades que históricamente desarrollan esta actividad en los valles productivos del país.
