viernes, 20 noviembre 2026
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Lucio Paz Posse: «Hay un par de vivos que se llevan ese dinero al bolsillo y le corresponde al Estado y a los productores»

El vicepresidente de COPROTAB advirtió que la actividad tabacalera está "en terapia intensiva" por una evasión de US$ 800 millones, denunció que declaran atados a $500 y los venden a $3.000, y propuso un código QR en cada paquete.

La dirigencia tabacalera lanzó duras acusaciones frente a la crisis financiera que atraviesa la cadena productiva en la Argentina y reclamó controles inmediatos para frenar el fraude fiscal en el sector cigarrero. Durante un encuentro con legisladores nacionales y representantes de la industria, el vicepresidente de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (COPROTAB), Lucio Paz Posse, sentenció que la actividad se encuentra actualmente «en terapia intensiva» por culpa de la evasión impositiva.

Según precisó el dirigente, la cadena de valor del tabaco genera más de 300.000 puestos directos de trabajo en el país y sostiene a más de un millón de personas de manera directa o indirecta entre productores, trabajadores rurales y comercios. Paz Posse explicó que, si bien prácticamente el 80% de la producción se exporta, el productor no puede trasladar la fuerte inflación en dólares de los últimos años al precio internacional debido a que existen valores de referencia globales. Por ese motivo, subrayó que la rentabilidad del productor depende de manera vital del cumplimiento de la Ley 19.800, que combina el precio de acopio con los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

En ese contexto, el vicepresidente de COPROTAB expuso las cifras de la distorsión que golpea al mercado interno. Tomando como referencia histórica una venta anual de alrededor de 1.800 millones de paquetes de cigarrillos a un precio promedio de 2 dólares, el negocio mueve unos 3.600 millones de dólares, de los cuales el 80% corresponde a impuestos. Sin embargo, denunció que la subfacturación ya alcanzó niveles cercanos al 50% de los cigarrillos comercializados en la Argentina.

De acuerdo con los números detallados por Paz Posse, cuatro empresas que subfacturan o incumplen con los impuestos de ley generan una evasión fiscal estimada en 500 millones de dólares. A ese monto se suman otros 300 millones de dólares que el país deja de recaudar por la falta de gravámenes internos y aporte al FET sobre los nuevos usos del tabaco. En total, el Estado Nacional pierde alrededor de 800 millones de dólares anuales.

Indignado por el destino de esos fondos que el consumidor paga en el mostrador pero nunca llegan al fisco, el dirigente lanzó una frase contundente: «Miren todo lo que nosotros podríamos hacer en este país con ese dinero que hoy el consumidor lo paga, eso es lo más grave, porque hay un par de vivos que se llevan ese dinero al bolsillo y le corresponde al Estado Nacional y por ende también en una participación a los productores». Para dimensionar la magnitud de la pérdida, comparó esa cifra con la reciente privatización de las líneas de alta tensión de Transener por 356 millones de dólares, frente a un costo de construcción superior a los 28.000 millones de dólares.

Para frenar estas maniobras y lograr una recaudación inmediata, Paz Posse planteó dos soluciones concretas ante los legisladores y funcionarios presentes. En primer lugar, pidió acompañar el proyecto de ley presentado en el Congreso por la diputada nacional Yolanda Vega —junto al respaldo de legisladores como Victoria Tolosa Paz y referentes de las ocho provincias ligadas a la actividad, incluida Buenos Aires por su peso industrial y sindical—, iniciativa que incorpora los nuevos usos del tabaco a la matriz impositiva y al FET.

En segundo lugar, propuso implementar tecnología de control ciudadano mediante la impresión de un código QR en una de las caras de cada paquete de cigarrillos que informe el precio oficial de venta al público. El dirigente denunció que hoy existen industrias que declaran un valor de $500 ante el fisco y tributan sobre esa base, pero luego comercializan el atado a $3.000 en los kioscos. Con el código QR, el comprador podrá escanear el precio real y exigir explicaciones al vendedor si le cobran de más, generando un control directo que debe ser respaldado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Finalmente, Paz Posse destacó las gestiones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) —tras la reciente sesión de su consejo asesor en Salta en el marco del 120° aniversario de la Cámara de Comercio local— y por los legisladores nacionales para suspender los embargos que apremiaban a las pymes del país.

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